2025-05-27 08:25:43
Gobierno destruyó marihuana por 18 millones de dólares, pero no presenta alternativa
El operativo en Canindeyú arrasó 40 hectáreas de cultivos rurales, mezclados con productos legales. No hubo detenidos, ni propuesta de sustitución. Solo fuego, cifras infladas y abandono estatal.
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Durante cinco días —según reportó la SENAD hace dos días—, fuerzas especiales fueron desplegadas en zonas rurales de Canindeyú. El resultado: 40 hectáreas de marihuana eliminadas y 300 kilos ya procesados destruidos. La institución estimó una pérdida de 18 millones de dólares. La escena se repite: helicópteros, montes humeantes, agentes armados y ninguna solución estructural.
Lo más revelador del propio mensaje oficial es que los cultivos estaban “mezclados con cultivos legales y cerca de comunidades rurales”. Es decir: la marihuana ya forma parte de la economía del campo paraguayo, integrada con el maíz, el poroto o la mandioca. Y el Estado, en lugar de reconocer esa realidad, sigue respondiendo con fuego.
70 años de cultivo ignorado por el Estado
El cannabis se cultiva en Paraguay desde hace más de 70 años. No es una moda ni un invento del crimen. Es parte de la historia rural del país. Es una economía paralela, sostenida por campesinos, que el Estado nunca quiso integrar.
Desde la creación de la SENAD, hace más de tres décadas, la única política estatal ha sido la represión. Helicópteros, destrucción, operativos, comunicados. Pero nunca hubo una propuesta para integrar esa producción a la economía formal, ni para proteger a los pequeños productores que trabajan la tierra. El resultado es el mismo año tras año: cultivos que vuelven, pobreza que persiste y comunidades que siguen excluidas.
Queman millones, no ofrecen nada a cambio
Entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, el Gobierno eliminó 3.248 hectáreas de marihuana, destruyendo más de 10,7 millones de kilos. La SENAD calcula un “golpe económico” de 321 millones de dólares. Pero esos millones no se transforman en caminos, ni en educación, ni en apoyo a productores.
Amambay y Canindeyú, donde más se destruyó, son también de los departamentos más pobres. Alta informalidad, falta de infraestructura, pocos servicios. Para muchas familias, la marihuana no es una elección ideológica. Es la única forma de generar ingresos en zonas olvidadas.
La tenencia de cannabis con receta o para uso personal está permitida por ley. El cannabis medicinal es legal desde 2017. Pero en la práctica, los pacientes no acceden, los productores no pueden cultivar legalmente y el Estado no abre el mercado.
Es momento de integrar, no de seguir quemando
Quemar marihuana entre chacras no es solución. Es momento de reconocer que esta economía debe ser parte de la economía nacional. No puede seguir tratándose como si fuera un delito al margen. Lo que hoy hace la SENAD debería estar en manos del Ministerio de Agricultura: con asistencia técnica, acompañamiento a productores, cooperativas, proyectos de industrialización y exportación.
Paraguay tiene tierra, tiene experiencia y tiene leyes. Lo que falta es voluntad política. Ya no podemos seguir quemando oportunidades mientras los mercados internacionales crecen y nosotros seguimos persiguiendo campesinos.
Lo que se necesita no es más presencia militar, sino más Estado social. Y una visión que entienda que la solución no está en la erradicación, sino en la integración.
